La CETM satisfecha con la aprobación de la ley contra la morosidad en el transporte por carretera

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley sobre infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y contra la morosidad en el transporte por carretera. El texto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) se muestra satisfecha ya que “por fin el Gobierno haya dado respuesta a una de sus reclamaciones históricas, estableciendo un régimen sancionador para los casos de morosidad en el sector. Tal y como hemos apuntado a lo largo del tiempo, la morosidad es uno de los principales escollos a los que tienen que hacer frente las empresas del sector y el retraso de los pagos ha traído consigo la falta de liquidez y ha lastrado su competitividad en gran medida”.

Ahora, con la modificación de la LOTT, se reducen los plazos de pago a un máximo de 60 días, sancionando con multas de entre 401 y 1.000 euros en el caso de las infracciones graves, y multas que ascienden hasta los 6.000 euros para las deudas más elevadas que adquieren la categoría de infracciones muy graves.

Los retrasos en los pagos que sufren reiteradamente las empresas de transporte les ha dañado aún más en un momento en el que el sector tiene que hacer frente a la crisis del Covid-19, la subida de la luz y los carburantes o la falta de servicios en algunos subsectores como es el caso de los portavehículos ante la escasez de microchips. Por ello, la CETM celebra que se haya establecido un régimen sancionador que, además, es uno de los puntos que el MITMA se comprometió a llevar a cabo en el acuerdo que alcanzó con el CNTC el pasado 23 de julio de 2020.

“Desde la CETM emplazamos a que el Ministerio avance en el resto de las cuestiones con rapidez, puesto que son de vital importancia para evitar la asfixia de las empresas del sector”, aseguran.

Por otra parte, la patronal del transporte considera que es una buena noticia que se haya acordado la presentación de un estudio sobre la situación del sector del transporte de mercancías y su impacto sobre el empleo, así como su actividad derivada de la entrada de nuevos operadores.