AECOC ha celebrado el 3er Congreso AECOC de Smart Distribution, en esta edición con el foco puesto en la instauración de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios de más de 50.000 habitantes para antes de 2023 y su impacto sobre el transporte urbano de mercancías. La directora de logística y transporte de AECOC, María Tena, expresaba la preocupación de las empresas por las diferentes normativas municipales para el acceso a las ciudades y ha reclamado que el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible favorezca la harmonización en las reglas de acceso de los vehículos de distribución de mercancías a las ZBE.
Tena apuntaba: “La heterogeneidad en las regulaciones de acceso al centro de las ciudades impide a las empresas realizar su actividad con normalidad y genera inseguridad jurídica. La ley obliga a crear una ZBE a los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes y a diversas poblaciones de más de 20.000 ciudadanos. La actividad reguladora actual muestra que la distribución urbana de mercancías es una cuestión crítica, en la que deben trabajar empresas y administración en común”.
En una intervención grabada, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, remarcaba: “Es necesaria colaboración de la administración con empresas y ayuntamientos para crear ciudades más vivas, limpias y sanas, y con prestaciones de calidad”.
La subdirectora general de aire limpio y sostenibilidad industrial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marta Muñoz, recordaba que son los ayuntamientos los que delimitarán las ZBE y decidirán qué medidas deben aplicar y qué vehículos tendrán el acceso restringido. Aun así, apuntaba: “Es necesaria una coordinación supramunicipal para la distribución urbana de mercancías. La Ley de Movilidad Sostenible favorecerá la creación de criterios lo más homogéneos posibles para la entrada del transporte de mercancías en las distintas ciudades. La ley obliga a la instauración de ZBE al 1,8% de ayuntamientos, con un alcance para el 56,5% de la población, y que su aplicación es relevante, ya que en España cada año se producen más de 25.000 muertes prematuras por exposición a la contaminación atmosférica”.
El 3er Congreso de Smart Distribution también ha contado con los responsables de movilidad de algunas de las principales ciudades españolas, que han detallado sus planes en la aplicación de la ZBE en sus municipios.
El delegado de medio ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, consideraba: “Necesitamos una transición energética y no una ruptura de modelo y bajo esta premisa se ha diseñado la actual Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) de la capital, en la que las restricciones al acceso de vehículos no aplican para el transporte de mercancías. La distribución urbana de mercancías supone un 6% del PIB de Madrid y genera 120.000 empleos, por lo que no creemos que sea buena idea asfixiar su actividad y apostamos por darle un trato diferente al del vehículo privado”.
En su intervención, el director de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Adrià Gomilla, especificaba: “Desde la aplicación de la ZBE en la ciudad en 2017, se han reducido unos 600.000 desplazamientos diarios en los vehículos más contaminantes, y que la circulación de vehículos con etiqueta medioambiental A ha pasado del 20% del total al 3% actual”.
La jefa de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Ruth López, describía el plan que está preparando la ciudad para la aplicación de su ZBE: “Es importante que todas las ciudades vayamos en consecuencia para ver qué estrategias funcionan y aplicar las medidas más exitosas para la reducción de emisiones”.
Por su parte, la concejal de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ponía en duda la necesidad de que municipios como Zaragoza con menos población que las grandes ciudades del país y sin problemas de calidad de aire tengan la obligación de aplicar medidas como el diseño de una ZBE: “Lo marca la ley y lo cumpliremos, pero con una visión diferente, con medidas menos agresivas para los ciudadanos y para la actividad económica”.
AECOC también ha celebrado su 21º Foro Nacional del Transporte reuniendo a toda la cadena de valor del transporte para analizar la situación del sector y el impacto de los cambios previstos en el Real Decreto Ley del transporte, que entrará en vigor en septiembre.
En la inauguración del encuentro, el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), Carmelo González, ha insistido en que el organismo de representación del sector del transporte “ha dicho por activa y por pasiva que no secunda ningún paro, ya que no sería bueno para nosotros ni para el país”.
También en referencia al paro del transporte del pasado mes de marzo convocado por la Plataforma Nacional del Transporte y a la reciente propuesta de repetición de las movilizaciones por parte de esta organización, el director general de AECOC, José María Bonmatí, ha declarado: “Las amenazas de paro deben acabar, ya que generan una presión innecesaria para las empresas y enormes costes a las cadenas de suministro, que están muy tensionadas para conseguir que los productos lleguen a los consumidores en las mejores condiciones posibles”.
Bonmatí ha analizado el escenario previsto para final del año y ha avanzado “unos próximos meses muy complejos, en los que el gobierno tendrá que tomar decisiones para paliar el actual escenario inflacionista y que no se vuelva estructural”. En la misma línea, González, ha considerado que el transporte vive “en un momento de actividad álgido”, pero ha expresado su temor a “una bajada del consumo en el último trimestre”.
El presidente del CNTC también ha pedido criterios razonables en la aprobación de aplicación del incremento de las dimensiones de los vehículos de transporte hasta las 44 toneladas para evitar inversiones en nuevas flotas.
Sobre la próxima Ley de Cadena del Transporte, González ha pedido al gobierno: “Que se aplique mediante real decreto para que sea operativa lo antes posible y que sirva para que los costes queden reflejados y las empresas trabajen en base a sus costes”.
En España se reforzarán las contrataciones para esta temporada con alrededor de 200 personas para el procesamiento y aproximadamente 600 proveedores de distribución.
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