Fenadismer
Solo un 48% de empresas cargadoras e intermediarias superaron el límite de 60 días, siendo en un 70% de los casos excesos leves, entre 60 y 90 días.
En toneladas-kilómetros se ha producido un aumento medio de 12,9%, con datos positivos en transporte de corta distancia (+19,6%), en transporte nacional (+2,9%) y en transporte internacional (+18,5%).
En un documento enviado al Parlamento y Consejo muestra su preocupación por el envejecimiento actual de la flota de transporte, ya que la edad media de los camiones en la UE es de 14 años.
La mayoría de estos incidentes de seguridad se dan en las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid y Andalucía, donde se producen casi el 90% de todos los ocurridos en España.
Apostolos Tzitzikostas, actual comisario europeo de Transportes, descarta restablecer dicha medida, ya que a su entender provocaría ineficiencias en el sistema de transporte y un aumento de las emisiones y congestión innecesarias.
Hay todavía un 6% de empresas incumplidoras que aún pagan a 120 días, aunque inferior al que se producía en 2022, cuando esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20%.
En el informe ‘Retos actuales del transporte por carretera: seguridad, sostenibilidad y normativa’, realizado por Fenandismer y Continental, un 40% de los encuestados declara también que la principal razón del rechazo a la medida es que no obtendrán un mayor precio.
Se reclama una campaña de la DGT que incluya mensajes dirigidos a los usuarios en general de la vía y en particular a los conductores de vehículos pesados, sobre la atención a los obstáculos en la vía que supone un vehículo de auxilio operando,.
Los Estados miembros se han comprometido a hacer pública a nivel nacional la implementación de dicha medida acordada de relajación temporal en la imposición de sanciones a través de sus webs oficiales u otros medios de información relevantes.
Quiere facilitar las reclamaciones administrativas y judiciales, con el apoyo de juristas expertos, para lograr el resarcimiento de todos los daños y perjuicios reales, así como el lucro cesante originado en su actividad como consecuencia de la paralización de los vehículos.
La intención del gobierno de incrementar en torno a 10 céntimos el litro de diésel para equipararlo al impuesto que soporta la gasolina, representaría un aumento del 25% del impuesto actualmente vigente. Alrededor del 30% del total de las empresas de transporte realiza su actividad con vehículos de esta tipología -menos de 7,5 toneladas.
Fenandismer denuncia que en los requisitos y condiciones exigidos, la norma solo prevé la posibilidad de adquirir un turismo o una furgoneta tanto nuevo como seminuevo.
En el 72% de los casos, los excesos de plazo de pago fueron leves, entre 60 y 90 días; sin embargo, todavía un 8% de empresas incumplidoras pagan a 120 días.
Está previsto en una enmienda a la Ley de prórroga del impuesto extraordinario a la banca y afectaría a todos los transportistas titulares de vehículos de menos de 7,5 toneladas, la mayoría transportistas autónomos, los cuales representan casi una tercera parte del total de la flota de transporte en España.
Las medidas ya aprobadas por el Gobierno no tiene en cuenta a transportistas autónomos y empresas de transporte sin domicilio en los 78 municipios más perjudicados, pese a haber sufrido también daños y pérdidas en vehículos y mercancías.
El fallo del Tribunal Supremo contribuye a la desordenación del sector del transporte ligero y a cronificar su intrusismo, precarizando la actividad profesional. Fenadismer respeta el contenido de la sentencia pero señala que supone una desregulación absoluta del sector del transporte ligero permitiendo que taxis y VTCs puedan transportar libremente todo tipo de mercancías en sus coches.
Esta medida iba a ser la única a la que se podrían acoger los miles de transportistas afectados no residentes en los municipios a los que van dirigidas el resto de ayudas, por lo que Fenadismer ha solicitado al Ministerio de Economía una aclaración urgente sobre el “olvido” de esta ayuda en el paquete de medidas aprobado.
Alrededor de 1.000 camiones se vieron directamente dañados e inutilizados por las riadas y estos pertenecían a transportistas no solo residentes en las zonas afectadas sino de toda España.
Hay numerosos centros logísticos que han sufrido las consecuencias de las intensas tormentas, registrando inundaciones y quedando bloqueados en su interior numerosos trabajadores. Se estima que el bloqueo de las principales carreteras de la Comunidad Valenciana afecta a más de 22.000 transportistas.
En cuanto a los precios percibidos por las empresas transportistas, en este periodo se ha producido un leve incremento anual en los transportes de larga distancia, pero una bajada en el transporte de corta distancia.