La obligatoriedad de retorno de los camiones a sus países de establecimiento cada ocho semanas fue declarada nula el pasado octubre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la falta de información suficiente cuando se adoptó la medida para poder evaluar su proporcionalidad. Esta era una de las medidas más significativas del Paquete de Movilidad, aprobado por una amplia mayoría en el Parlamento Europeo en el año 2020. La nulidad se produjo por la fuerte ofensiva judicial que están llevando a cabo los países del este contra buena parte de la regulación contenida en el paquete.
Por ahora, Apostolos Tzitzikostas, actual comisario europeo de Transportes, descarta restablecer dicha medida, ya que a su entender provocaría ineficiencias en el sistema de transporte y un aumento de las emisiones y congestión innecesarias, aunque en todo caso la Comisión Europea estará atenta a cualquier impacto negativo que la anulación de la disposición sobre el retorno obligatorio de los camiones pueda tener, especialmente en las condiciones de trabajo de los conductores profesionales, y adoptará en su caso las medidas oportunas.
Los países del este de Europa son contrarios al paquete debido a las consecuencias que algunos aspectos sociales y de competencia leal contenidos suponen para la predominancia que han tenido las flotas de transporte radicadas en dichos países.
Durante los últimos años, han contado con Adina Valean, anterior comisaria europea de Transportes, como aliada, ya que públicamente manifestó en reiteradas ocasiones su postura contraria a dicha regulación que fue aprobada antes de que ella accediera a la Comisaría europea de Transportes.
Entre ellos la compañía quiere garantizar a sus clientes y empleados que concede una alta prioridad a la producción sostenible, tanto en sus centros de fabricación como en su cadena de suministro. El análisis del riesgo y otros procesos se realizan dentro del marco del Acta de la Cadena de Suministro (LKSG) en Alemania.
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