Varias asociaciones del sector del transporte y la logística están dado la voz de alarma ante la intención del gobierno de incrementar en torno a 10 céntimos el litro de diésel para equipararlo al impuesto que soporta la gasolina, lo que representaría un aumento del 25% del impuesto actualmente vigente.
UNO ha propuesto en la reunión mantenida del Comité Nacional del Transporte por Carretera, del que forma parte la patronal, solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que los transportistas titulares de vehículos ligeros puedan beneficiarse del gasóleo profesional.
A este respecto, Francisco Aranda, presidente de UNO, ha señalado: “No se entiende que el gasóleo profesional, que ya garantiza la exención a esta subida impositiva para los transportes pesados, no contemple también a los vehículos ligeros, más aún si tenemos en cuenta que alrededor del 30% del total de las empresas de transporte realiza su actividad con vehículos de esta tipología -menos de 7,5 toneladas”.
“No ofrecer ayuda a esta otra actividad de la cadena de suministro estaría totalmente injustificado y pondría en riesgo la viabilidad de multitud de pymes, que no podrán hacer frente a este nuevo incremento fiscal del Ministerio de Hacienda, perdiendo competitividad y poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo. Consideramos inaceptable que el transporte de mercancías con vehículos ligeros, conformado en un 80% por pymes y autónomos, sea quien deba cargar con el coste de la transición energética. Por ello, hemos propuesto al CNTC solicitar al Gobierno un mecanismo de devolución que no sólo contribuirá a mitigar el impacto de esta medida, sino que ayudará a mantener la competitividad de un sector esencial que se juega su futuro”, ha aseverado Aranda.
“La propuesta de subida del diésel se encuentra comprometida con Bruselas en su plan de ajuste fiscal, para acelerar la transición verde y culminar la reforma fiscal; una contraprestación que convierte a nuestro sector en una injusta moneda de cambio con la que poder recibir el quinto pago de los fondos europeos, atacando la viabilidad de muchas pequeñas empresas”, concluía.
Por su parte, también desde Fenadismer ha pedido a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, la aprobación de un mecanismo fiscal para que los miles de transportistas titulares de vehículos de transporte ligero puedan hacer frente a una posible subida.
El Ministerio de Hacienda ya tiene precedentes en el establecimiento de un mecanismo de devolución a estos vehículos de transporte excluidos de gasóleo profesional, con ocasión de las sucesivas ayudas al sector aprobadas para compensar el impacto de la subida de los combustibles con ocasión de la guerra de Ucrania.
Esta medida gubernamental podría aprobarse con carácter inmediato mediante un Decreto-Ley, para cumplir sus compromisos de financiación adquiridos con la Unión Europea para poder seguir recibiendo nuevas ayudas. El gobierno había introducido una enmienda en el Proyecto de Ley de establecimiento de un impuesto mínimo a los grupos multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud, que finalmente no prosperó por falta de apoyo parlamentario.
“La federación rechaza esta medida, ya que el principal sector económico afectado por dicha subida fiscal sería el transporte por carretera, ya que lo soportarían íntegramente todos los transportistas titulares de vehículos de menos de 7,5 toneladas, en concreto un tercio de la flota actual, que en la actualidad serían en torno a 56.000 empresas transportistas, de las que casi un 80% son pequeños transportistas autónomos. Así de aprobarse, finalmente verían incrementada su tributación anual por dicho impuesto en hasta 1000 euros anuales por camión, lo que podría afectar muy negativamente a la viabilidad de una parte importante del sector del transporte por carretera”, explican desde Fenadismer.
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