La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha estudiado las consecuencias para el sector y la economía en general de la propuesta de equiparación del impuesto sobre los hidrocarburos (IIEE) del gasoil al de la gasolina. La entidad ha enviado este análisis a los ministerios de Hacienda y de Transportes.
El informe señala el cumplimiento por parte de nuestro país con la Directiva 2003/6/CE que estipula el mínimo impositivo que deben aplicar los países que forman la Unión Europea, situándose 49 euros a los 1.000 litros por encima del mismo. En este sentido, equiparar el tipo impositivo del gasoil al de la gasolina supondría una subida del 24,72%, excediéndose más de lo necesario para cumplir con esa obligatoriedad.
En el estudio se destaca además el elevado esfuerzo fiscal que tienen que realizar las empresas españolas, que se encuentra entre los más altos de la UE, y que afecta de manera directa al conjunto de la ciudadanía.
Una medida de este tipo ocasionaría un incremento en los costes operativos de las empresas y autónomos del transporte y, por ende, en el precio de los productos y servicios que dependen del sector. Teniendo en cuenta que España es un país periférico, este cambio fiscal supondría un grave perjuicio para la competitividad de los productos españoles.
El análisis refleja que en 26 países europeos el impuesto sobre el gasoil está por debajo de la gasolina super y en 12 de ellos en mayor cuantía de lo que ocurre en España. Además, España ocupa el octavo puesto en el ranking del precio más alto del gasoil antes de impuestos.
Otro de los efectos negativos que se prevén son las fugas de consumo de combustible que se podrían producir a Portugal y Francia, lo que generaría menos ingresos para la Hacienda española y agravaría los problemas económicos de nuestro país.
El transporte por carretera ingresa anualmente por impuestos relacionados directamente con el uso de la carretera más de 21.500 millones de euros, cantidad más que suficiente para el mantenimiento de las infraestructuras. En este contexto, el debate sobre la aplicación de peajes resulta incomprensible, ya que se estaría condenando a los transportistas a pagar dos veces.
En definitiva, la confederación considera que cualquier cambio fiscal debe evaluarse con rigor, ya que la equiparación de impuestos podría suponer una carga insostenible para el transporte de mercancías por carretera.
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