El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas dirigidas a reducir en un 22% de media la factura final de la electricidad de los consumidores hasta final de año. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que el compromiso del Gobierno, anunciado por su presidente, Pedro Sánchez, es lograr que el precio promedio pagado por un consumidor en 2021 sea equivalente al que pagó en el año 2018.
Ribera ha destacado que el Ejecutivo ha trabajado siempre de forma coherente con su objetivo de lograr un sistema energético limpio, eficiente, con precios asequibles y que facilite la diversificación y la democratización de los actores que participan en él. Así, ha recordado las medidas adoptadas sobre producción y consumo -impulso del autoconsumo y comunidades energéticas locales-, eficiencia energética, estructura fiscal -rebaja del IVA del 21 al 10%- y protección social de los consumidores energéticos más vulnerables a lo largo de la legislatura.
Sin embargo, la ministra ha reconocido la necesidad de responder a la situación extraordinaria que han generado los precios récord del mercado mayorista de electricidad en España y el resto de países de la Unión europea, derivados de la cotización de las materias primas gas natural y dióxido de carbono (CO2).
Teresa Ribera ha destacado dos medidas con especial incidencia en hogares y pymes: la creación de un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables y la limitación de la factura del gas de los próximos meses. Una reforma de la ley del sector eléctrico permitirá aumentar en seis meses la prohibición de cortes en el servicio a los beneficiarios del Bono social eléctrico, actualmente fijada en cuatro meses.
Con el objetivo de rebajar el coste de la electricidad, el 7% del Impuesto de Producción Eléctrica que estaba ya suspendido para el tercer trimestre de 2021 seguirá estándolo hasta el 31 de diciembre. Asimismo, se reduce el Impuesto Especial a la Electricidad al tipo mínimo que permite la UE -del 5,1% al 0,5%- y se inyectan 900 millones de euros adicionales procedentes de los ingresos derivados de la subasta de derechos de emisión comunitarios.
El Real Decreto-ley plantea la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO2 en el mercado mayorista gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.
En España se reforzarán las contrataciones para esta temporada con alrededor de 200 personas para el procesamiento y aproximadamente 600 proveedores de distribución.
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