La decisión del Ayuntamiento de Madrid de convertir todo el término municipal en Zona de Bajas Emisiones en 2025 ha provocado la reacción por parte de las principales asociaciones madrileñas del sector del transporte de mercancías por carretera (AETG, AETRAM, ATA, CETM-Madrid, FEMAV y Fenadismer Madrid) ante la inflexibilidad del consistorio.
Así, denuncian que se trata de una política hostil hacia el sector y única en España que no responde a ninguna exigencia medioambiental a nivel estatal o europeo, y además en los últimos años la calidad del aire en la ciudad ha mejorado y no se ha producido ningún episodio de alta contaminación desde 2020, según los datos oficiales publicados por el propio ayuntamiento.
Además, el Ministerio de Transición Ecológica, en su Guía de Directrices publicada en 2021 para la Creación de las Zonas de Bajas Emisiones, elaborada conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias, planteaba la necesidad de dar un tratamiento específico favorable a sectores profesionales como el del transporte y reparto para posibilitar que pudieran seguir prestando su actividad esencial: “El sector del reparto de mercancías y la logística requiere especial atención en las Zonas de Bajas Emisiones, asegurando que continúa prestando servicios”.
Más allá de buscar un equilibrio entre el desarrollo medioambiental y el económico, el Ayuntamiento de Madrid ha persistido en su cruzada contra el sector madrileño del transporte por carretera, obligando a achatarrar miles de camiones en perfecto estado de uso y con su ITV al día, en muchos casos con menos de 10 años de antigüedad.
La restricción en más de un 50% de la actual flota de transporte que pretende llevar a cabo el ayuntamiento de la capital a partir del próximo mes de enero supondrá automáticamente un encarecimiento de buena parte de los productos de alimentación y otros bienes que se consumen en la ciudad por la reducción de la oferta de transporte ocasionada por dicha política.
En este sentido, una de las cuestiones más preocupantes de esta incomprensible decisión será el de la práctica paralización de todos los nuevos desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo en la ciudad, en especial los del Sureste, así como los previstos tanto en Madrid Nuevo Norte como en la Operación Campamento, al impedirse que gran parte de la actual flota de vehículos de transporte de obras pueda continuar prestando su actividad, sin que exista alternativa alguna que pueda suplirla.
Los transportistas afirman que la ciudad de Madrid necesita un transporte competitivo para el crecimiento económico, la creación de empleo y la calidad de vida diaria de la población. El sector es partidario del fomento a la movilidad sostenible, pero sin desincentivar la actividad del transporte profesional. La Administración sabe que cuenta con el total apoyo del sector para impulsar entre todos una movilidad sostenible, pero siempre apostando por otro tipo de medidas que no pasen por restringir la actividad económica del sector, sino que fomenten su desarrollo.
Por todo ello, las asociaciones madrileñas de transporte, que desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible vienen manifestando su preocupación ante las numerosas promesas incumplidas por parte del consistorio municipal, vuelven a realizar un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid para que se siente a consensuar con el sector una política realista de adaptación del sector del transporte por carretera a las nuevas demandas medioambientales, que permita conjugar las medidas tendentes a la reducción de las emisiones con la prestación continuada de su actividad, por su consideración como actividad esencial para el resto de actividades económicas.
Del mismo modo, han solicitado el apoyo de la Comunidad de Madrid en esta reivindicación, acorde con su política de apoyo y fomento del desarrollo económico en la región.
En España se reforzarán las contrataciones para esta temporada con alrededor de 200 personas para el procesamiento y aproximadamente 600 proveedores de distribución.
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