Durante el pasado agosto, los plazos de pago a transportistas no variaron con respecto al mes anterior, situándose en 70 días de media, lo que es lejos del plazo máximo de 60 que establece la vigente legislación. Así lo detallan los datos del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera que Fenadismer elabora mensualmente en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte.
Un 58% de empresas cargadoras e intermediarias incumplieron la legislación sobre morosidad en este periodo, si bien en la mayoría de los casos los excesos de plazo de pago fueron leves. El 64% de estas compañías pagaron a menos de 90 días y solo un 9% a más de 120 días, una franja de incumplimiento que en 2022 se situaba en más del 20%. En cuanto a los medios para el pago de los servicios de transporte, los más usados son: la trasferencia (68%), el confirming (27%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%).
Según la federación de transportistas, es necesario intensificar en este ámbito la actividad de oficio que está llevando a cabo por los Servicios de Inspección de Transporte tanto a empresas cargadoras como intermediarias, para contribuir de forma decisiva a mejorar la situación de los plazos de pago.
En este sentido, la Comisión Europea ya ha publicado su propuesta de nuevo Reglamento europeo de lucha contra la morosidad, para establecer nuevas medidas que hagan más efectivo el cumplimiento de dicha normativa, teniendo en cuenta que la morosidad en las transacciones comerciales tiene múltiples efectos perjudiciales, especialmente entre las pymes, provocando una de cada cuatro quiebras en la Unión Europea.
Entre las novedades que incluye el proyecto normativo cabe citar la reducción de los plazos máximos de pago a 30 días, frente a los 60 días actuales, que se computarán desde la fecha de emisión de la factura, generándose automáticamente intereses de demora en caso de incumplimiento sin perjuicio de la correspondiente sanción administrativa. Asimismo, el reglamento prevé que en todos los Estados miembros se establezca un régimen sancionador para todos los sectores económicos para hacer más efectivo el cumplimiento de las nuevas medidas a aprobar.
El objetivo de la Comisión Europea es aprobar la nueva norma legal la próxima primavera antes de la celebración de la nuevas elecciones europeas.
En España se reforzarán las contrataciones para esta temporada con alrededor de 200 personas para el procesamiento y aproximadamente 600 proveedores de distribución.
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