La polémica orden aprobada el pasado mes de mayo para solucionar el colapso en la revisión de las ITV como consecuencia de su cierre durante el estado de alarma, introdujo la trampa por la cual, sea cual sea la fecha en que realmente se pase la revisión, figurará la fecha que caducó durante el estado de alarma, obligando además a cientos de miles de vehículos de transporte a pasar la inspección técnica dos veces seguidas en apenas días.
El Defensor del Pueblo respalda la denuncia presentada por Fenadismer e insta al Ministerio de Industria a que la suprima por considerarlo una carga administrativa para los más de 4 millones de conductores afectados, al no tener en cuenta el interés general y tener como principal objetivo garantizar a las Estaciones de ITV el negocio perdido mientras permanecieron cerradas. En este sentido, el Defensor del Pueblo, haciéndose eco de los argumentos planteados por Fenadismer, considera que el Ministerio de Industria con la medida aprobada de descontar el período de prórroga está acortando de manera artificial la duración de las ITV, produciendo el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente inspección antes de lo previsto” lo que a juicio de dicha Institución, afecta al principio legal de reducción de cargas de los administrados. De hecho, a su entender “carece de sentido acortar artificialmente la vida de la última ITV obligando al propietario del vehículo a realizar dos inspecciones seguidas en un corto lapso de tiempo que, en los casos más extremos (como el de los vehículos sujetos a inspección semestral) puede ser solo de unos poco días. Ello evidentemente genera un coste y una carga administrativa para los propietarios de los vehículos afectados sin que esa Administración haya puesto de manifiesto que concurran razones imperiosas de interés general que justifiquen el recorte de la vida legal de las ITV”.
Uno de los principales problemas es que, a menudo, en estos establecimientos no hay espacio dedicado a la carga y descarga, lo que significa que los conductores no pueden trabajar en un entorno seguro. Estos denuncian que a veces no tienen más remedio que descargar los vehículos en medio de la calle, con el tráfico pasando a su lado a una velocidad de hasta 70 km/h.
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