La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) apoya que el Parlamento Europeo haya dado luz verde, tras tres intensos años de negociaciones, a la primera parte del Paquete de Movilidad en los términos que había establecido el trílogo Consejo-Comisión-Parlamento, por la seguridad jurídica que aporta a las empresas del transporte de mercancías por carretera y la claridad y armonización de un marco regulatorio que regirá el sector en los próximos años, en materias tan relevantes como las condiciones de establecimiento, el desplazamiento de trabajadores, los tiempos de conducción y descanso, entre otras, todas con una gran incidencia en las condiciones competitivas del sector.
“Tras tantas idas y venidas de la normativa, apoyamos esta solución. Algunos aspectos gustarán a unos más que a otros, pero desde ahora las empresas tomarán sus decisiones con la certidumbre de la seguridad jurídica que esta aprobación aporta”, afirma Ramón Valdivia, director general de Astic.
La asociación considera que es una “buena noticia” en cuanto al desplazamiento de los trabajadores y al transporte bilateral, pues el Mobility Package favorece a que las flotas rodantes de transporte internacional por carretera sean proporcionales a la capacidad exportadora/importadora de cada uno de los países miembro en el que están matriculadas. Valdivia asegura que "España ya está perfectamente ajustada a este nuevo modelo".
La patronal del transporte internacional por carretera en España califica la solución alcanzada en Bruselas de “equilibrada y razonable” y encaja en los aspectos más importantes que ha venido defendiendo: es compatible con el mantenimiento del transporte internacional, pero pone trabas a la realización de deslocalizaciones fraudulentas y a lo que se ha venido a llamar "dumping social".
Este incremento contribuye a una mayor armonización de la retribución salarial que perciben los conductores profesionales en nuestro país. En la actualidad los salarios de este colectivo vienen regulados en 55 convenios colectivos provinciales, con un salario base en algunos casos inferior al SMI.
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