La normativa medioambiental y la entrada en vigor el 1 de enero de 2020 del nuevo límite de 0,5% del contenido de azufre en los combustibles marinos, el precio de los combustibles y la inversión de tanto dinero público en accesos ferroviarios a los puertos, cuando los accesos por carretera tienen aún carencias importantes, son los principales asuntos que preocupan a los navieros españoles, según afirma Manuel Carlier, director general de ANAVE en una entrevista para Logística Profesional.
El director general de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), Manuel Carlier, asegura que “a la tecnología digital aún le falta para estar implantada totalmente y que solo las compañías muy grandes, como Maersk y otras grandes navieras de contenedores, están activas en proyectos reales de uso del blockchain a gran escala en el transporte marítimo. En España, varias autoridades portuarias, organizaciones de cargadores, etc. están trabajando para poner en marcha algún proyecto piloto, pero a una escala mucho menor”.
Sobre las principales preocupaciones que afectan en estos momentos a las compañías del transporte de mercancías por mar, Manuel Carlier afirma que “junto con el precio del petróleo y lo bajos que están los mercados de fletes para la mayor parte de los tipos de buques, la principal preocupación de los armadores es la normativa medioambiental y muy concretamente la entrada en vigor, el 1 de enero de 2020, del nuevo límite de 0,5% del contenido de azufre en los combustibles marinos. Se estima que el 90% de los buques cumplirá esa nueva norma pasando de consumir fuel oil a gas oil, con lo que su coste de combustible aumentará más de un 50%. Se ha calculado que esto costará a las empresas armadoras unos 60.000 millones de dólares cada año. Además, sin entrar en detalles, de aquí se derivan complicaciones técnicas y de todo tipo. Ésta es, sin duda ninguna, la principal preocupación del sector naviero a día de hoy”.
La entrevista completa se publica en el número de junio de la revista Logística Profesional.
Fenandismer denuncia que en los requisitos y condiciones exigidos, la norma solo prevé la posibilidad de adquirir un turismo o una furgoneta tanto nuevo como seminuevo.
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