El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recibido el recurso contencioso administrativo presentado por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) contra la ordenanza fiscal 3.20 del Ayuntamiento de Barcelona, que establece una tasa por aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución a destinos finales indicados por los consumidores de bienes adquiridos por comercio electrónico.
La entidad denuncia que este impuesto discrimina entre competidores, obstaculizando una competencia efectiva. La ordenanza fiscal restringiría las libertades de establecimiento y prestación de servicios recogidas en el Tratado de Funcionamiento en la Unión Europea.
La ACCO hace uso de su facultad para impugnar los actos de las administraciones públicas y las disposiciones generales con rango inferior a ley, de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados.
Existen 10 desafíos que se deben tener en cuenta para minimizar estas posibles interrupciones en la cadena de suministro durante este año: contexto geopolítico, inestabilidad económica, IA y tecnologías emergentes, cambio en las prioridades de los directores financieros, fenómenos meteorológicos extremos, ESG, cambios en las compras, ciberataques, integridad y calidad de los datos, y brechas de talento.
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