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Se trata de una sentencia a favor de los recursos presentados por UNO (Organización Empresarial de Logística y Transporte) y la Asociación Española de Empresas de Mensajería (AEM), entre otros, contra una decisión del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona.

La entidad denuncia que este impuesto discrimina entre competidores, obstaculizando una competencia efectiva. La ordenanza fiscal restringiría las libertades de establecimiento y prestación de servicios recogidas en el Tratado de Funcionamiento en la Unión Europea.

Así lo refleja un estudio de InPost encargado a la consultora South Pole para analizar el potencial de emisiones de carbono evitadas.