La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECO) ha publicado un comunicado oficial en el que manifiesta su “total oposición” a la aprobación del Real Decreto Ley del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para la regulación del transporte por carretera, consecuencia del acuerdo firmado entre el Comité Nacional de Trasporte por Carretera y el ministerio el pasado mes de diciembre.
Para la asociación las medidas pactadas tendrán graves consecuencias para el tejido empresarial, poniendo en claro riesgo la competitividad y eficiencia de la cadena de valor, “el acuerdo perjudica especialmente a las pymes, ya que muchas de ellas no van a poder soportar estas medidas. La gravedad de algunas de las propuestas es tal, que un gran número verán comprometido el buen funcionamiento de sus negocios e incluso su pervivencia”.
En concreto, asegura, el Real Decreto Ley recoge en realidad las reivindicaciones de las organizaciones de las empresas del transporte, patronales, pero no las de muchos de los transportistas, y especialmente conductores, a los que la normativa trata de proteger, “es intolerable que se aprueben, vía Real Decreto Ley, y en tan corto plazo, medidas de tanto calado e impacto en el sector, sin contar con la parte que debe implementarlas y soportarlas, que son las empresas usuarias del transporte, y sin un análisis riguroso de sus impactos reales”.
Respecto a la prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga de los vehículos de más de 3,5tn que recoge el Real Decreto Ley, AECOC considera que ocasionará graves problemas para las empresas contratantes del servicio -especialmente las pymes-, incrementará los tiempos de espera y supondrá una pérdida de productividad y competitividad muy perjudicial para el conjunto de la economía. En opinión de la asociación es un grave error que no se admita que esta cuestión forme parte de los acuerdos de negociación entre las partes.
La revisión del precio del combustible, aspecto recogido en los acuerdos de diciembre, también es criticado por AECOC, que recuerda que la legislación actual ya contempla la revisión del precio del transporte según la variación del precio del gasóleo, “no entendemos que se elimine la posibilidad de acuerdos bilaterales entre las partes, obligando a que las empresas con contratos de transporte renueven las condiciones económicas. Estamos de acuerdo en que las partes deban tener en cuenta las variaciones del precio del combustible, no obstante, entendemos que no debería ser obligatorio aplicar las fórmulas de la administración y que se debería dejar la puerta abierta a la libertad de pacto”.
En España se reforzarán las contrataciones para esta temporada con alrededor de 200 personas para el procesamiento y aproximadamente 600 proveedores de distribución.
Comentarios