La recesión económica y la morosidad, principales preocupaciones de las pymes europeas

El Informe sobre comportamientos y la morosidad en el pago en el ámbito europeo y su impacto por la crisis del Covid-19, elaborado por la consultora internacional Intrum en base a los datos facilitados por cerca de 10.000 pymes europeas integradas en la Organización Europea de Pymes SME United, de la que Fenadismer forma parte a través de su asociación sectorial UETR, revela datos muy preocupantes sobre la viabilidad futura del tejido empresarial europeo como consecuencia del gravísimo impacto ocasionado por la pandemia, lo que obliga a los Estados Miembros a adoptar medidas contundentes que ayuden a las pymes europeas a afrontar esta crisis económica.

Como resultados más relevantes del estudio cabe destacar las principales preocupaciones de las Pymes, especialmente agravadas por la crisis del COVID-19. Así la recesión económica es la principal preocupación para las empresas, en las que un 64% que considera que la recesión económica tendrá un impacto severo en sus negocios. De hecho, la situación generada por la pandemia ha elevado notablemente esta creencia de las empresas, incrementándose en un 12% respecto de la preocupación que por esta misa razón se tenía antes del Covid-19 (42% antes del coronavirus, 64% durante la alarma sanitaria).

Por nacionalidades, las empresas que consideran que la recesión económica es inminente en su país, se encuentra Italia con un 83%, Bélgica con un 81% al igual que Eslovaquia, seguida por Portugal, República Checa y España con un 73%. Por su parte, las Pymes irlandesas, búlgaras y croatas son las que mayor optimismo presentan sobre esta cuestión con un 35%, 33% y 27% respectivamente.

Por lo que respecta a los sectores de actividad, ante la pregunta de si consideran que una posible recesión económica impactaría de forma grave en su negocio, las pymes vinculadas al ámbito sanitario y hospitalario son las más negativas (42%), seguidas por la industria (41%), comercio minorista (40%), servicios bancarios y financieros (40%), si bien, como elemento de optimismo, las pymes del sector del transporte y la logística con un 36%, se encuentran entre los tres sectores que con mayor ánimo afronta esta posibilidad.

Como segundo elemento de preocupación, se encuentra la morosidad en el pago, ya que el más que significativo incremento en los plazos de pago amenaza seriamente su viabilidad, en especial en la situación derivada de la crisis sanitaria, tal y como declara una de cada dos empresas encuestadas. Así, una media del 78% de las Pymes participantes en el estudio manifiestan haber aceptado plazos de pago desfavorables, lo que supone un 20% más respecto del año 2019. En este aspecto, lamentablemente, la información facilitada por las pymes del sector del transporte y la logística dejan datos más preocupantes con un 80% afectadas por la morosidad en el pago. Sobre este aspecto, un dato muy revelador de la información facilitada por las pymes encuestadas es que 7 de cada 10 empresas (es decir, el 69%) acepta condiciones de pago desfavorables con el objetivo de poder garantizar la liquidez y, en consecuencia, su viabilidad como empresa, elevándose hasta el 71% las que admiten esas desfavorables condiciones de pago con la finalidad de no perder clientes. En una ratio más baja se encuentran las pymes del transporte y la logística, con un 68%.

El tercer elemento fundamental es la preocupación por carecer en muchos ordenamientos de iniciativas y regulaciones efectivos que impidan que las Pymes se vean afectadas por la morosidad en el pago. Sobre esta cuestión, 5 de cada 10 pymes participantes en el estudio han manifestado su deseo de que se establezcan nuevas leyes que permitan corregir el problema de la morosidad en los pagos, si bien un 23% de las empresas encuestadas declaran hacer uso de la Directiva europea de lucha contra la morosidad, frente a un 29% que sólo hace uso de ella de manera ocasional y un 37% que en ningún caso apela a esta normativa.

En opinión de Fenadismer, “este Informe viene a avalar una de las principales reivindicaciones que históricamente viene planteando las asociaciones de transportistas sobre la necesidad de establecer un régimen sancionador que evite los abusos en materia de plazos de pago que los transportistas vienen soportando en los últimos años, como lo acredita el Observatorio de Morosidad que mensualmente elabora en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte en la que se evidencia que más del 70% de los clientes de los transportistas incumplen sistemáticamente los plazos máximos de pago establecidos en la vigente legislación sobre morosidad”.