Seguridad jurídica y un cambio de fiscalidad, principales necesidades para impulsar la movilidad sostenible

Un año más Empresas por la Movilidad Sostenible ha celebrado su encuentro anual: ‘SUMMIT 2025: Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas’. Miguel Álvarez Martínez, nuevo director general de Estrategias de Movilidad de la Secretaría General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha participado en el evento y ha instado a las empresas a que vean la descarbonización como una oportunidad:  “La descarbonización viene de la mano del crecimiento económico, y esto abre oportunidades a las empresas, que trabajan en entornos cambiantes y están acostumbrados a buscar dichas oportunidades. Y, además, a buscar con quién hacerlo, pues no podemos trabajar de manera aislada”.

Además, afirmaba: “la descarbonización es un elemento que no tenemos que perder de vista y que tenemos que hacerla para todos y para todas. No podemos dejar a nadie atrás, ninguna persona ni ningún territorio. Por ello, el ministerio está trabajando en una Estrategia para la Pobreza en el Transporte. Porque esto va más allá de la asequibilidad de las alternativas sostenibles, pues también tiene que ver con la accesibilidad y la disponibilidad de estas para personas, empresas y territorios”.

Herramientas de financiación 

El evento también ha contado con la participación de Mar Blázquez, subdirectora adjunta de Eficiencia y Acceso a la Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quien subrayaba: “La movilidad sostenible es quizá el pilar más importante de la transición energética y los CAE -Certificados de Ahorro Energético- se configuran como un apoyo esencial en este camino. Por ello, pido colaboración al sector para que nos ayuden a desarrollar más fichas técnicas de actuaciones de ahorro de energía”. Y es que, según datos del MITECO, en 2024 se registraron en el Sistema de CAE más de 1.200 actuaciones de mejora de la eficiencia energética –agrupadas en 755 solicitudes– de las que ya se ha certificado un 88% del total, que han generado un ahorro de 200 millones a quienes han apostado por las medidas de eficiencia energética, junto con otros 230 millones a través de la puesta en el mercado de los CAE.

Además, a esta herramienta se suma la tramitación del Plan Social para el Clima (PSpC), iniciada recientemente por el MITECO y prevista en el paquete normativo europeo conocido como Objetivo 55. Así, los PSpC de los estados europeos se nutrirán del Fondo Social para el Clima, al que se le asignará un máximo de 65.000 millones de euros entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2032, de los que un 10,52% de corresponderán a España. Además, cada Estado deberá aportar adicionalmente un 25% del importe de su PSpC con cargo a sus propios presupuestos, con lo que en el caso de España rondará los 9.000 millones.

Sobre el Plan de acción para la industria del automóvil, presentado el pasado 5 de marzo por la Comisión Europea, Anna Armengol, consejera económica de la Representación de la Comisión Europea en España, desarrollaba: “el plan trabaja con el objetivo claro de aumentar la demanda de vehículos europeos de emisiones cero. Nuestro objetivo común es una industria del automóvil sostenible, competitiva e innovadora en Europa que beneficie a nuestros ciudadanos, economía y medio ambiente”.

Además, respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Anna Armengol aseguraba: “Hay mucho dinero encima de la mesa y el PRTR sigue vivo en muchas áreas. De los 163.000 millones de euros movilizados, un 22% se ha destinado a movilidad sostenible”.

En este sentido, Ashwin Harpalani, analista de proyectos de Financiación Internacional y Asuntos de la UE del ICO, puntualizaba: “ICO tiene un interés especial en financiar la movilidad sostenible y la descarbonización del transporte, y actúa como socio colaborador de la Comisión Europea en este sector. Desde 2019, cuando se puso en marcha el mecanismo blending de combinación de financiación de ICO con la subvención CEF-AFIF (Connecting Europe Facility-Alternate Fuels Investment Facility), el ICO ha apoyado un total de 24 proyectos con una financiación de 507 millones de euros que ha movilizado una inversión de 937 millones de euros. Estos proyectos representan más de 5.074 cargadores públicos (el 13% de la red) en la red de carreteras, proyectos de hidrógeno para el transporte, que incluyen capacidad de electrólisis e instalación de hidrogeneras, electrificación de redes de transporte públicas en grandes ciudades y en instalaciones portuarias y aeroportuarias. La nueva convocatoria del CEF, abierta hasta el 11 de junio de 2025, cuenta con una dotación de 1.000 millones de euros, de los cuales 448 millones son para España”.

Carlos Martínez, responsable de Movilidad Sostenible de BBVA, añadía: “Desde BBVA tenemos un claro compromiso: ser un aliado en la toma de decisiones de nuestros clientes, proporcionando asesoramiento y financiación que promuevan una movilidad más consciente y accesible”.

Seguridad jurídica y cambios e incentivos fiscales

Luis Miguel Torres, director de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, anunciaba en el encuentro: “Vamos a solicitar al ministerio que se modifique la normativa de IRPF respecto a la consideración del transporte y que esta nos permita, otra vez, que la tributación del transporte sea mucho más flexible y cómoda para las empresas”.

Por su parte, May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, constataba: “Nos encontramos en un momento en el que, a pesar de seguir pendientes de la Ley de Movilidad, existe una sobrerregulación a la que adaptarse en poco tiempo, como los nuevos límites de calidad del aire, la CSRD y CSDDD, tras la propuesta Ómnibus, las leyes relativas a residuos, envases y productos forestales, o el nuevo alcance para el registro de la huella de carbono, entre otras. Normativas que afectan directamente a la cadena de suministro y a la huella de carbono, donde el transporte representa entre el 80-90% de media). A ellas se añade el despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), necesarias para tener municipios mejor gestionados y que ofrezcan mayor calidad de vida a los ciudadanos, pero que requieren una despolitización y armonización entre territorios”. 

“Por ello, urge una mayor seguridad jurídica, al mismo tiempo que una simplificación de la regulación en cuanto a tramitación -no a cumplimiento- y una mayor coordinación público-privada y público-pública que garantice mayor eficiencia y armonización. Todo esto acompañado de un programa de financiación estratégico que vaya desde ayudas directas al usuario final, a un cambio en la fiscalidad que permita a las empresas -que son el motor del cambio- incentivar la movilidad sostenible entre empleados y colaboradores”, añadía.

En esta línea, Daniel Ruiz, jefe de Desarrollo de Negocio y Consultoría de Alphabet, explicaba: “Nos encontramos en un momento decisivo. Las empresas tienen la oportunidad de replantearse su estrategia de movilidad no solo para cumplir con la regulación, sino pensando en el impacto que tendrá en la sociedad. Pero no están solas en esto; por un lado, las empresas de movilidad las acompañamos de forma estratégica y, por otro, es importante que la administración se implique de forma activa en esta transformación”.

Asimismo, Isabel Gorgoso, New Mobility Director de Moeve añadió: “No esperamos un gran cambio cuando se apruebe la Ley de Movilidad Sostenible, pues no creemos que sea determinante, pero confío en que genere un efecto tractor y que traiga estabilidad regulatoria. Hay un tema crítico a nivel global y es que la movilidad sostenible no se puede politizar. Debería estar muy por encima de esto. Vivimos cambios en función de la política que lidere y confío en que leyes como esta creen ese marco que deje claro el camino a seguir para fomentar una movilidad sostenible. Además, cuando se aterrice la ley a nivel local y regional, esperamos que esto se pueda traducir en normativas que faciliten colaboraciones público-privadas, inversiones privadas… porque estamos viendo inversiones privadas que están saliendo de nuestro país”.

Por su parte, Ángel Cauto Domingo, CX Strategy & Solutions MECA Assistant Manager de KIA, aseguraba: “En KIA apostamos por la sostenibilidad. De hecho, somos la primera compañía en obtener este certificado por parte de AENOR, y por ello creamos productos y servicios que están democratizando la movilidad eléctrica. Pero necesitamos esos incentivos fiscales y directos a ese potencial comprador para generar un mayor impacto”.

Finalmente, Jocelyne Bravo, Marketing and Communications Lead de Midas, afirmaba: “En Midas visualizamos el concepto de taller como el motor oculto que impulsa la movilidad del futuro. Somos ese eje motriz de la movilidad que da respuestas y soluciones al día a día de la sociedad y los ciudadanos mediante un mantenimiento eficiente, seguro, responsable y adaptado a cada vehículo”.