La Asociación Española del Transporte (AET) ha elaborado un informe sobre el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. En este documento, la AET explica: “Consideramos muy positiva la iniciativa de tramitar y aprobar una ley para la movilidad sostenible y la adecuada financiación del transporte ya que, la movilidad está vinculada, por su propia naturaleza, a libertades esenciales”.
A la hora de diseñar la nueva norma que regule el sector, la AET también coincide con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en la necesidad de considerar aspectos clave como la revolución digital (que ha alterado los modelos de negocio tradicionales) o la nueva política europea en materia ambiental (Green Deal).
Sin embargo, esta entidad advierte que el anteproyecto omite el principio de neutralidad tecnológica, así como recuerda la importancia de “afinar la técnica legislativa para aprobar el anteproyecto, persiguiendo un correcto engarce con el resto del ordenamiento jurídico. Se debe solucionar el grave problema de la fragmentación administrativa y operativa del sistema de transportes y logístico en España”.
Además, la AET sostiene que el anteproyecto se caracteriza por la parquedad e insuficiencia de medidas concretas para el fomento de la intermodalidad. En materia de financiación del transporte, también considera que las medidas son insuficientes. Asimismo, el informe destaca que, desde la AET: “Hacemos un llamamiento a no incrementar artificial o innecesariamente las cargas administrativas para los operadores del transporte y el sector en general”.
En definitiva, el informe recomienda llevar a cabo un análisis exhaustivo de los aspectos señalados para incorporarlos a la nueva Ley o, si no, desarrollar otra ley específica sobre la Financiación de las Infraestructuras para una Movilidad Sostenible.
Este incremento contribuye a una mayor armonización de la retribución salarial que perciben los conductores profesionales en nuestro país. En la actualidad los salarios de este colectivo vienen regulados en 55 convenios colectivos provinciales, con un salario base en algunos casos inferior al SMI.
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