La entidad representa a más de un millón de empresas de transporte por carretera de la UE y quiere impulsar un sector más sostenible, eficiente e innovador en la región trabajando con los eurodiputados.
Unidad de mercado, protección de los conductores profesionales, transición energética realista, impulso a la intermodalidad, corredores europeos 24/7 y garantizar la libre circulación de mercancías y pasajeros ante posibles bloqueos de carreteras son algunas las reivindicaciones.
Aunque España cuenta con 29.301 puntos de recarga de acceso público, según el Barómetro de Electromovilidad de ANFAC a cierre de 2023, apenas el 5% es de carga ultrarrápida (>150 kW).
Establece que un material de envasado sólo se considera reciclado de alta calidad si el material reciclado puede utilizarse del mismo modo o de un modo similar, restringiendo el uso de material de envasado reciclado a la producción de nuevos envases.
Permitiendo que todas las energías válidas y respetuosas con el clima puedan ser utilizadas para acelerar la reducción general de emisiones.
Los problemas de seguridad con las bandas que se dedican a asaltar camiones o las precarias condiciones que ofrecen la mayor parte de las áreas de descanso que hoy jalonan las carreteras de la Unión Europea son las quejas más repetidas por los profesionales del sector.
UETR, junto a otras asociaciones, lo considera una prioridad política y un objetivo empresarial y social para detener la escasez de conductores y garantizar que el transporte por carretera siga siendo un sólido pilar de la resiliencia europea.
Estos textos legislativos pueden ahora entrar en vigor para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la UE en al menos un 55% antes de 2030 y alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.
Las organizaciones firmantes han hecho hincapié en el lento progreso en lo relativo a los objetivos mínimos vinculantes a nivel nacional para el despliegue de infraestructuras de recarga de baterías y de reabastecimiento de hidrógeno.
Se trata de una propuesta legislativa para impulsar el despliegue de estaciones de recarga y de repostaje alternativas (como las eléctricas o de hidrógeno) para turismos, camiones, trenes y aviones, y fomentar el uso de vehículos sostenibles.