Los convocantes aseguran que han sufrido “una campaña sin descanso de acoso y derribo por parte de cargadores, asociaciones del comité nacional de transporte, sindicatos gubernamentales, algunos medios de comunicación y una parte concreta política”.
La Plataforma busca denunciar el incumplimiento de los cargadores de la ley que prohíbe que trabajen a pérdidas y por la falta de control en su aplicación, entre otras reivindicaciones. El paro ha sido secundado por un 86% de los votos en las asambleas provinciales.