Se dirige a las grandes operadoras postales de comercio electrónico que desarrollan una actividad masiva en la ciudad, la propuesta establece que solo estarán sujetas las empresas con unos ingresos brutos de más de 1 millón de euros obtenidos por entregas en los destinos finales indicados por los consumidores de la ciudad. Dentro del sector las opiniones sobre esta aprobación son dispares.
