La Eurocámara aprobó el pasado martes 3 de julio una norma para separar la gestión, por un lado, de las cuentas relativas a la explotación de los servicios de transporte ferroviario y, por otro, a la administración de las infraestructuras. El objetivo, indican desde Bruselas, es «impulsar la competencia en el transporte ferroviario internacional de pasajeros y mercancías para mejorar la calidad de estos servicios».
Según la nueva norma, la Unión Europea garantiza «la separación en la gestión de los servicios de transporte y las redes, como ya ocurre en el sector de la energía». Los países de la UE tendrán un plazo de dos años y medio para transponer la directiva. Además, los Estados miembro se asegurarán «de que no haya transferencias ilegales de fondos públicos entre ambas entidades, incluso si pertenecen a un mismo holding». El Parlamento europeo subraya que esta condición es «indispensable» para prevenir distorsiones en la competencia, así como para garantizar a todos los operadores un acceso igualitario y a los mismos precios a las infraestructuras ferroviarias y a las instalaciones de servicios (como los talleres de mantenimiento o las estaciones).
En caso de litigio, los reguladores nacionales supervisarán el respeto de la normativa. En este sentido, la cooperación entre reguladores de un mismo país será supervisada por la Comisión Europea, que evaluará en un plazo de dos años la posibilidad de crear un regulador europeo.
Los cánones por la utilización de la infraestructura incluirán incentivos para reducir el ruido y equipar los trenes con el Sistema Europeo de Control para aumentar la seguridad. Los contratos de financiación para el desarrollo de la red establecidos por las autoridades públicas cubrirán un periodo de al menos cinco años, «con el fin de asegurar una planificación adecuada de la infraestructura ferroviaria».
«Nos ha llevado dos años de difíciles negociaciones [...] garantizar una mayor competencia y establecer las bases para la financiación de las infraestructuras —declaró la ponente y eurodiputada socialista Debora Serracchiani—. La separación en la gestión de los servicios de transporte y las redes es necesaria, pero hemos logrado un buen compromiso en la supervisión de los flujos financieros».
Fenandismer denuncia que en los requisitos y condiciones exigidos, la norma solo prevé la posibilidad de adquirir un turismo o una furgoneta tanto nuevo como seminuevo.
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