A tan solo unos días para que se cumpla el plazo fijado en un primer momento para que los afectados del cártel de camiones reclamen el dinero pagado de más, el plazo de prescripción de la acción no pudo comenzar antes del 6 de abril de 2017, según confirman desde Sala & Serra.
Aunque la primera noticia que se tuvo sobre la existencia de un cártel de fabricantes europeos de camiones fue el 19 de julio de 2016, no fue hasta el día 6 del pasado mes de abril cuando se dieron a conocer los documentos determinantes para fijar el plazo de reclamación.
En dichos documentos, se especificaban los siguientes conceptos: los tipos de camiones y servicios afectados, el perjuicio causado a los compradores, las empresas concretas participantes y la duración exacta del cártel. Estos documentos son la versión no confidencial de la decisión, que se redactó solo en inglés, y el resumen de la decisión de la Comisión, difundida en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.
«Si comparamos la nota de prensa del 19 de julio de 2016 con la versión no confidencial de la decisión y el resumen de la Comisión, publicados ambos de 6 de abril de 2017, se comprueba que no fue hasta la publicación de éstos últimos documentos cuando los perjudicados podían tener un meridiano conocimiento de los datos esenciales para poder presentar una reclamación, motivo por el cual no puede sino concluirse que el plazo de prescripción de la acción de los afectados no pudo nacer antes del 6 de abril de 2017», explica Santiago Dupuy de Lome, abogado de Sala & Serra Abogados:
Por tanto, debido a lo anterior, el plazo para poder reclamar es de mínimo un año contando desde el 6 de abril de 2017; es decir, hasta el 6 de abril de 2018.
Los precios de los camiones afectados por el cártel oscilan entre los 50 000 y los 200 000 €, lo que supone una media de 120 000 €. En términos de recuperación estimados de entre el 15% o el 20%, supondría una recuperación mínima de 8750 € y una máxima de 35 000 €, lo que significa una recuperación media estimada por cliente de 25 000 €.
Así, para un camión de 60 000 € adquirido en el año 2003, el afectado podría recuperar entre 12 000 euros y 25 000 euros: entre 6 000 y 12 000 € en concepto de sobreprecio abonado; entre 3000 y 7000 € de gastos por implementación de medidas medioambientales y entre 3000 y 6000 € de intereses legales.
El plan incluye la instalación de tres centros de distribución para grandes compañías de alimentación y otras industrias, así como la creación de un moderno centro de datos. Las parcelas netas, con superficies superiores a los 120.000 m2, están diseñadas para albergar naves logísticas de gran formato XXL.
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